El transporte escolar debidamente habilitado está exento de pico y placa porque cumple una función social esencial: garantizar el acceso seguro de niños y adolescentes a la educación. Restricciones sobre estos vehículos afectarían directamente el derecho a la educación de miles de estudiantes cuyas familias dependen de este servicio. La exención se otorga únicamente a vehículos que cumplen estrictos requisitos de seguridad (revisión técnico-mecánica especial, seguros, conductor con curso certificado, planillas escolares). Esto diferencia el transporte escolar formal del informal, incentivando la formalización del servicio. La medida reconoce que estos vehículos circulan en horarios muy específicos (entrada y salida de clases) y con rutas planificadas que minimizan su impacto en la congestión general.